H.I.J.O.S., Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio, Regional Jujuy

¿QUIÉNES SOMOS? UN POQUITO DE NUESTRA HISTORIA…

Somos un organismo de Derechos Humanos constituido en abril del año 1995. Es decir que contamos con más de 25 años de trabajo. Actualmente nuestra organización se encuentra conformada por hijxs de desaparecidxs, asesinadxs, presxs políticxs y exiliadxs durante la última dictadura militar y sus años anteriores. También lo integran jóvenes que sin haber sufrido, de manera directa, el terrorismo de Estado, comparten reivindicaciones, demandas y prácticas políticas, entendiendo que somos hijxs de una misma historia argentina y latinoamericana.

La persecución política e ideológica, la implementación del terror mediante la tortura, el secuestro, desaparición forzada y asesinato de personas, la creación de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CDDTyE), la apropiación de niñxs, el exilio forzado, la implementación de un modelo económico basado en la desindustrialización y dependencia económica, el nacimiento de los grandes monopolios y oligopolios, el ingreso de las multinacionales, la oleada importadora, la inflación, el aumento de la desocupación y la consecuente pauperización de la clase trabajadora que beneficiaron a las clases sociales históricamente acomodadas, dejaron una impronta indeleble en nuestra identidad nacional.

Por todo esto reivindicamos las luchas y resistencias de nuestras madres, padres y sus compañerxs, de forma crítica y reflexiva, para comprender los procesos sociales, políticos y económicos de los años 60’ y 70’, no sólo de nuestra provincia sino también de nuestra nación y América Latina. Sostenemos que sus ejemplos deben servirnos para construir nuestro futuro y transformar las realidades que impiden el pleno desarrollo de los derechos de las grandes mayorías de la sociedad en la actualidad. Lo hacemos con plena conciencia de que son parte de nuestra historia y de nuestra identidad y como tales son las madres y padres políticxs, lxs precursores de las banderas y luchas que hoy llevamos adelante. Ellxs lucharon por una patria para todxs y se lxs llevaron por un país para pocxs.

LA RED NACIONAL

A fines de 1994 llegó a Jujuy la noticia de que lxs hijxs de desaparecidxs, víctimas de la última dictadura militar, y años previos a esta  (1974-1983), se estaban organizando. En febrero de 1995 supimos que en marzo de ese año se llevaría a cabo una reunión en Río Ceballos, Córdoba, donde confluirían jóvenes de distintas provincias del país y se definiría el nombre con el que saldríamos a la lucha: Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Una carta a la sociedad argentina daría cuenta de lo que se estaba gestando. Ese fue el puntapié inicial que marcó el camino de lo que hoy es H.I.J.O.S. Jujuy.

En semana santa de 1995 se realizó el primer encuentro de la Red Nacional de H.I.J.O.S (La Red que nuclea a todas las regionales del país), nuevamente en Córdoba, en Cabalango, con la participación de la regional Jujuy. Más de 300 jóvenes de diferentes provincias se congregaron en aquella ocasión. Con una lógica asamblearia y horizontal, se discutió la orgánica de La Red.  La heterogeneidad ideológica del colectivo hizo necesario que se “marcaran” puntos básicos para el trabajo en común.

En sus inicios la organización estaba compuesta solamente por hijxs de desaparecidxs y asesinadxs, y luego, por consenso, se resolvió que se sumen jóvenes que, sin ser víctimas directas de la última dictadura militar, sentían la necesidad de ser parte de la lucha que llevábamos adelante. 

No fue fácil aunar ideas en un comienzo, pero fue fructífero. La juventud de la mayoría, que hacía pocos años habíamos salido de la adolescencia, hizo suponer que este grupo de jóvenes no persistiría en el tiempo. Sin embargo, la herida que nos dejó la dictadura, la necesidad de justicia, la convicción ideológica y el amor a lxs nuestrxs darían cuenta de otra cosa.

Todas las regionales, ya conformadas como Organismo de Derechos Humanos, decidieron nuclearse en La Red Nacional que reúne a las organizaciones de las distintas provincias del país. Esta consolidación, que funciona actualmente, actúa como una instancia que permite desarrollar algunas actividades de modo conjunto o definir políticas de alcance nacional.

Cada Regional de la Red Nacional define con autonomía sus actividades, teniendo en cuenta su realidad local, pero siempre encuadradas en el marco político general establecido por un conjunto de lineamientos básicos comunes a los que hemos llegado por consenso. Nuestra “Red Nacional de H.I.J.O.S.” cuenta con una instancia máxima de decisión: el Congreso Nacional al cual se llega luego de tres Encuentros de Delegadxs previos. Estos eventos se realizan anualmente en diferentes lugares del país.

LOS LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LA RED NACIONAL 

–                     Juicio y Castigo a todxs lxs genocidas y sus cómplices.

–                     Reivindicamos la lucha de nuestras madres, padres y sus compañerxs por un país justo, sin miserias ni exclusiones.

–                     Restitución de la identidad de nuestrxs hermanxs apropiadxs.

–                     Libertad a lxs presxs políticxs y cese de las persecuciones a lxs luchadores populares.

–              No a la llamada teoría de los dos demonios que iguala a un pueblo que resiste con el terrorismo de Estado.

–                     Independencia institucional y partidaria.

–                     Reconstrucción del tejido social destruido por la dictadura.

–                     Horizontalidad y voluntad de consenso.

–             Apoyo a las exhumaciones e identificación de lxs luchadores que siguen como NN en fosas comunes.

 LA BATALLA JUDICIAL Y CULTURAL 

La historia de los intentos de hacer justicia por los crímenes de la dictadura comenzó durante el primer gobierno democrático del Dr. Raúl Alfonsín, posterior a la última dictadura, en ese entonces, más precisamente en el año 1985, se llevó adelante por primera vez en América Latina el famoso “Juicio a las Juntas”, que involucró y condenó a las tres juntas militares que gobernaron durante ese periodo por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo de 1976-1983. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución, Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años de prisión, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión, todos con destitución. Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos.

Sin embargo, los sucesivos levantamientos militares, acaecidos entre 1987 y 1990, en busca de la finalización de los procesos judiciales iniciados contra los protagonistas del Terrorismo de Estado, sumado a la política de “reconciliación” de los gobiernos tanto de Raúl Alfonsín, como luego de Carlos Menem, dieron como resultado la sanción de las leyes de impunidad, llamadas de obediencia debida (ley 23.521/87) y punto final (ley 23.492/86).

En plena vigencia y consolidación de estas leyes, salimos a interpelar a la sociedad con los primeros escraches que se hicieron en Buenos Aires. Así, duramente, gritando verdades, señalando las casas de lxs genocidas, visibilizamos a lxs responsables de tan atroces crímenes. Las noticias de la represión, por parte de la policía, que sufrían lxs compañerxs en el marco de estas actividades llegaron a Jujuy, una sociedad conservadora. Fue difícil explicar a lxs otrxs hijxs jujeñxs y a la ciudadanía en general la necesidad de la condena social, ante el impedimento de ejercer nuestro derecho a la justicia. Pero con el paso de los años esa acción política fue reconocida y utilizada socialmente. Entonces: “¡Si No Hay Justicia, Hay Escrache!”.

Deconstruir la teoría de “los dos demonios”, impuesta por el alfonsinismo y sostenida por el menemismo, la que caló muy hondo en el sentido común colectivo, que sostenía que un grupo de violentxs se enfrentó contra otro bando de iguales características, quienes habían destruido la paz social, nos hacía ver ante la sociedad como un grupo de jóvenes violentxs, huerfanxs, resentidxs que no conocíamos realmente quienes fueron nuestrxs madres y padres, éramos hijxs del mal, hijxs del comunismo, una semilla peligrosa.  Sacar a la luz la verdad histórica fue en nuestros inicios un arduo trabajo. 

LOS JUICIOS POR LA VERDAD

Durante 20 años, las mentadas leyes de la impunidad y los indultos menemistas nos negaron el derecho a la justicia, provocando que las numerosas causas penales que se habían abierto, con el fin de investigar los delitos cometidos por la última dictadura militar, permanezcan paralizadas. Fue así hasta que, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado argentino garantizara los reclamos de verdad (Informe 28/92), se realizaron los procesos conocidos como Juicios de la Verdad.

La Argentina incorporó en 1994 el uso del Hábeas Data. La acción de hábeas data es una modalidad de amparo que permite a toda persona interesada acceder al conocimiento de los datos que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, y a exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización, en caso de falsedad o discriminación. Esto nos permitió filtrarnos en las grietas del sistema, y así iniciamos el camino de la “Verdad Verdadera”.

Los Juicios por la Verdad Histórica constituyeron un procedimiento judicial civil sin efectos penales (es decir, sin castigo). La CIDH obligó al Estado argentino a que permita que lxs familiares de desaparecidxs presentaran una acción de habeas data, basada en el derecho a la información, que quiere decir dónde están los datos. Esta acción tenía como fin reconstruir realmente lo que había pasado entre 1974 y 1983, y quizás así, poder  recuperar los restos de lxs desaparecidxs.

Se comienza a vislumbrar la posibilidad de que el poder judicial escuche de boca de las víctimas, mediante audiencias orales y públicas, las situaciones más cruentas que se registran en la historia reciente. Aunque sabíamos que aún lxs criminales no serían juzgados, queríamos que la sociedad y, en particular, el poder judicial que estaba en deuda con nosotrxs, escuchara lo que había sucedido en Jujuy y en el país.

En Jujuy los Juicios por la Verdad se iniciaron en el año 2002. Fue así que alrededor de 14 familiares de lxs detenidxs desaparecidxs: Julio Álvarez García, Paulino Galeán, Crescente Galeán, Jaime Lara Torres, Jorge Turk, Armando Tilca, Carlos Villada, Dominga Álvarez de Scurta, Esteban Alcoba, Juan Robles, Luis Aredez, Guillermo Díaz, Carlos Díaz y Juan Carlos Arroyo se presentaron un año antes con el patrocinio de un grupo de abogadxs en el juzgado N° 1, a cargo del Juez Cardozo, con la intervención  del fiscal Domingo Batule.

Las audiencias se llevaban a cabo en el Tribunal Oral Federal de Jujuy. Testimoniaron familiares, personas que habían presenciado los hechos y personal de las fuerzas de seguridad. Aunque al final del proceso no había condena, fue una manera de acceder a través de las grietas del poder judicial, y así hacer sentir que la demanda de justicia aún estaba latente.

Entonces hablamos del plan sistemático implementado por el terrorismo de Estado, de los centros clandestinos, de lxs desaparecidxs vivxs, es decir de la apropiación de nuestrxs hermanxs, esxs niñxs que aún vivían en la mentira, de la necesidad de recuperar los cuerpos de lxs nuestrxs y del derecho al duelo, del dolor y la indignación que producía el convivir día a día en las calles con lxs verdugos de nuestrxs seres amadxs. Les hicimos saber que existía una herida que no cerraba y una parte de la historia que había sido negada y ocultada, como cuando se esconde la mugre bajo la alfombra y que, en parte, ellxs eran responsables de esa aberrante injusticia. Sobre todo les dejamos en claro que no habría ni un día de descanso hasta no ver a cada unx de lxs genocidas en la cárcel. La única manera de reparar, aunque sea un poco, el daño cometido. 

Cada vez que se iba avanzando sobre las testimoniales, nosotrxs avanzabamos con la investigación. Es así que H.I.J.O.S. Jujuy  escudriño sobre las actas de NN existentes en la provincia, correspondientes a ese periodo. Con esas actas relevamos los libros de los cementerios de Palpalá, Yala, El Salvador y El Rosario, estos últimos de la capital jujeña. Aportamos datos y trabajamos en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense en varias oportunidades, quienes realizaron excavaciones.  Con el tiempo se identificaron los restos de Rubén Yañez, un salteño que había sido asesinado y enterrado en diciembre 1975 en ese cementerio de Yala.

A medida que iban avanzando en todo el país los procesos de acción habeas data, también lo hacía el pedido de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto  final en todo el país. Finalmente, durante la presidencia de Néstor Kirchner, año 2003, el Congreso de la Nación declara la nulidad de esas leyes. Estas no podrían ser utilizadas nunca más desde ese año en adelante para sostener la impunidad,quedando pendiente lo que había sucedido en el pasado.

Ese mismo año, el fiscal Domingo Batule, basado en las testimoniales del juicio por la verdad, más todas aquellas  pruebas  documentales y testimoniales que durante décadas las víctimas sobrevivientes y lxs familiares fueron aportando, pide que se declare en Jujuy la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad utilizando como antecedente que en Salta, unos meses antes, ya se había resuelto este pedido y se estaban iniciando las acciones penales por el caso de la Masacre de Palomitas.

Luego de dos años de lucha, en el 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, esto significa que quienes habían resultado beneficiarios de tales leyes ya no podrían invocarlas y el Estado argentino no podía incumplir su deber de enjuiciar a los responsables por las graves violaciones a los derechos humanos. En Jujuy se declara la inconstitucionalidad y se pide la instrucción penal de los casos que habían sido denunciados en nuestra provincia. Al pedido lo encabezó la causa de Dominga Álvarez de Scurta, cuyos restos habían sido exhumados del cementerio de Yala en el año 1984, único cuerpo que se había recuperado en Jujuy. 

LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD

Lxs H.I.J.O.S. de todo el país, desde que nos constituimos, nos planteamos como punto básico y de lucha, la necesidad del “Juicio y Castigo” a los responsables del terrorimo de Estado, tanto militares como civiles, de antes y durante la última dictadura militar (1974-1983).

A la hora de poner en marcha los procesos judiciales, el Estado Nacional no se imaginó nunca que los organismos de DDHH iban a colapsar el sistema judicial con sus pedidos de justicia. Por su parte, lxs miembrxs del poder judicial, muchos de ellxs funcionarixs en la última dictadura, incurrieron en prácticas dilatorias y dictámenes desfavorables en los procesos jurídicos. Una barrera más que supimos sortear para llegar a los juicios penales.

Dentro de las 30.000 personas víctimas de desaparición forzada en nuestro país, Jujuy tiene más de 140 víctimas, cientxs de ex–presxs politicxs y otros tantos de exiliadxs. Por lo que se calcula que en la provincia fueron alrededor de un millar las personas afectadas directamente por la última dictadura militar. Esto sin contar las miles de familias en las que repercutió negativamente esta situación.

El poder judicial de Jujuy es uno de los más grandes símbolos de la resistencia de la corporación judicial a avanzar en la investigación de los crímenes de la dictadura. Nuestra provincia  fue la última del país en llegar al primer juicio oral. El camino fue difícil. Con un juez como Olivera Pastor, que se negó sistemáticamente a investigar e imputar a los responsables de los crímenes del Terrorismo de Estado. Sin embargo, gracias a la lucha de los organismos de DDHH, organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, el juez fue destituido de su cargo en el año 2012, una gran movilización que convocó a miles de personas lo obligó a dejar sus funciones. Con aires nuevos, el pedido de los organismos avanzó.

Lo imposible solo tardó un poco más. Finalmente se abrió en Jujuy la posibilidad de llevar a juicio a lxs genocidas. Fueron diez largos años de una aguda puja con el Poder Judicial Federal de la provincia. La lucha de los organismos de DDHH, el trabajo de cuatro abogadxs comprometidxs con una justicia real, el acompañamiento de los sindicatos, las organizaciones sociales y barriales y algunos partidos políticos, todo en el marco de un gobierno que hizo de los derechos humanos una política de Estado, dio su primer fruto. En mayo de 2013 se condenó, por primera vez en la historia jujeña, a cuatro de los responsables del terrorismo de Estado en Jujuy. Hoy alrededor de 30 represores ya fueron condenados y 23 están siendo juzgados.

Con estos juicios, no solo se está condenando los actos de terror, se está condenando el plan económico, político, social y cultural por el que se masacró y desapareció a 30.000 personas y también se están contando las historias de lxs compañerxs, reivindicando sus luchas, su compromiso, su militancia por un país para todxs. 

H.I.J.O.S. Jujuy como querellante 

El comienzo de los procesos penales nos posicionó en otro escenario. H.I.J.O.S. Jujuy pasaría a ser un actor fundamental. Hoy somos parte querellante tanto en Jujuy, como en La Plata y CABA. Sostenemos e impulsamos alrededor de 40 casos, siempre representados por un grupo de abogadxs que no hacen más que demostrar cada día su compromiso.

Es así que nos presentamos como querellantes por once víctimas de origen o de ascendencia boliviana, de un dirigente gremial de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), de seis trabajadores del Estado, de nueve integrantes de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma (SOEAIL), de diez mujeres y en la causa en la que se investiga la participación de los jueces y fiscales jujeños que desarrollan funciones en ese periodo. Además, por jujeñxs desaparecidxs en otras ciudades, tres casos en la causa cuatrerismo puente 12 del juzgado de Rafecas en CABA y dos casos por las víctimas de CNU (Concentración Nacional Universitaria) en el juzgado federal de La Plata.

Todo nuestro trabajo es militante; el asesoramiento, seguimiento de las causas, el obtener y recabar la información para dirimir las responsabilidades tanto militares como civiles, la difusión de los procesos judiciales a través de redes sociales y de una gacetilla en papel que llamamos “La Verdad como El tábano” de la que nos encargamos de todo el proceso creativo, desde la cobertura periodística de los juicios que incluye redacción y registro fotográfico, la edición y diagramación, la impresión y la distribución. Es un trabajo con mucho compromiso, arduo pero satisfactorio. 

H.I.J.O.S. JUJUY HOY

Muchxs han pasado por nuestra regional, todxs han dejado una impronta. Nuestra dinámica de funcionamiento se fue aggiornando al contexto político. Hemos aprendido y desaprendido cosas, pero siempre mantuvimos nuestras convicciones y nuestra independencia que es una de nuestras más valiosas fortalezas.

Hoy somos seis, cada unx es parte de este todo. Muchas veces no sabemos si somos un grupo de amigxs militantes que compartimos un espacio y objetivos en común, o somos un organismo de derechos humanos, pero tenemos claro que somos un colectivo esencialmente político. Esta ambivalencia no significa que en algún momento perdamos de vista la finalidad por la que nos amuchamos. Es al revés, nos enlaza aún más. Nos permite ser militantes humanizadxs, con nuestras virtudes y defectos que son parte de la complejidad humana. Por suerte nos tenemos y nos sostenemos.

Nuestro organismo se ha convertido en un espacio de lucha contra todas las violaciones a los derechos humanos que se cometen en la actualidad. Seguimos sosteniendo, tal como nos enseñaron nuestrxs desaparecidxs, que un mundo mejor es posible y que la construcción de ese nuevo mundo necesita militantes comprometidxs, siempre sosteniendo firmemente nuestras banderas de Memoria, Verdad y Justicia.