POR UNA JUSTICIA MÁS RÁPIDA Y MENOS BUROCRÁTICA

Por Esteban Mayorga (Para H.I.J.O.S. Jujuy)

En el marco de las audiencias del sexto juicio de lesa humanidad desde H.I.J.O.S Jujuy dialogamos con Inés Peña, ella es presidenta de la “Asociación de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy” y también una víctima del terrorismo de Estado, su marido Julio Rolando Álvarez García aún permanece en calidad de víctima de desaparición forzada, luego de que fuera secuestrado en dos ocasiones, la primera vez en la localidad de Monteros, provincia de Tucumán y fue liberado luego de 35 días con signos evidentes de haber sido torturado y con 40 kilos menos. La segunda detención ocurrió el 21 de agosto del año 1976, cuando una patota dirigida por Rafael Mariano Braga irrumpió violentamente en el domicilio de sus suegros, ubicada en la calle Libertad frente a la plaza del barrio Ciudad de Nieva en San Salvador de Jujuy y secuestró a Juan Rolando Álvarez García, pese a las difíciles adversidades que le provocó el terrorismo de Estado Inés persiste hace 43 años en la lucha y actualmente acompaña en las audiencias públicas pertenecientes al sexto juicio de lesa humanidad que se desarrollan en el Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy. Todos los años realiza oratorias en medios provinciales y nacionales contribuyendo a recordar a lxs compañerxs que dejaron la vida por derechos laborales.

Durante la entrevista Inés reflexionó sobre la importancia de los testimonios de las víctimas y familiares, y además analizó diversos temas y problemáticas actuales entre los que se destacan el lento proceso de las audiencias, el silencio de la prensa en la provincia en cuanto a la divulgación de las audiencias, la regresión en políticas públicas en derechos humanos y el rol partidista de la actual secretaria de derechos humanos.

¿Los familiares cómo ven el proceso del sexto juicio de lesa humanidad?

Creemos que a pesar del contexto político, los juicios continúan, necesitamos mayor celeridad con respecto a las audiencias y creemos que se tienen que realizar por lo menos dos audiencias por semana, por varios motivos, el primero es por el tiempo que ha pasado y la edad de nuestros testigos, son adultos de edad avanzada. Seguimos esperando hace 40 años justicia, se tiene que dar mayor prioridad, hemos esperado cuarenta años para que estos procesos se den. Estos procesos de justicia van a ser sostenidos por nuestras organizaciones de derechos humanos que es una cuestión irrenunciable e inclaudicable. Esperamos que la justicia se expida a favor de la condena porque son sobre abundantes las pruebas y testimonios de compañerxs detenidxs y sobrevivientes. Creemos que las audiencias son una cuestión formal, hay testimonios contundentes para pensar en una resolución acusatoria del peor genocidio que hubo en nuestro país. Nuestras expectativas es que se continúe con mayor celeridad y que las condenas sean ajustadas a derecho por los crímenes que se cometieron con nuestros compañeros desaparecidxs y los sobrevivientes que todavía continúan dando sus testimonios. El testimonio para nosotros es una verdad incuestionable y es la única arma para demostrar lo que ha sido este genocidio.

Hablabas de este contexto político adverso ¿Qué podrías decir de cómo han venido siendo los procesos y qué diferencias hay con los procesos pasados?

Con respecto a los procesos de lesa humanidad, en todo sentido hubo retrocesos, en la aplicación de los programas de protección a lxs testigxs que han sido valorables en décadas anteriores y hoy han sido retrocesos y en la política pública de derechos humanos a nivel provincial y nacional es evidente. Es necesario repudiar a los intentos que hubo del 2×1, la libertad a los genocidas. Estamos en un proceso de retroceso, que mientras las luchas y las movilizaciones en las calles continúen esto se va a morigerar, porque son políticas públicas que tienen una connotación de tirar abajo todo lo que se hizo y retroceder porque no les interesa la verdad, la memoria y la justicia a este proyecto político conservador y neoliberal, no solamente en los juicios de lesa humanidad, sino en todo el ámbito de derechos humanos como los derechos a la salud, al trabajo, a la educación que por cierto están en el peor momento creo yo de la historia Argentina con este modelo excluyente y disciplinador que nos permite repudiar la existencia de presxs políticxs en la Argentina y especialmente en Jujuy, no podemos permitir que haya presxs políticxs en democracia y que el estado de derecho funcione realmente en Jujuy porque vemos que hay un avasallamiento a la división de poderes, nos preocupa la institucionalidad de la provincia y ojalá en este proceso eleccionario podamos cambiar este modelo, porque realmente estamos en una provincia desbastada por la política de Morales y de Macri que siguen avasallando derechos con total impunidad y queremos un cambio de modelo político y llevar al banquillo de los acusados a los actuales funcionarios a los responsables de políticas excluyentes.

Con el tema de la disminuida difusión que están teniendo los juicios de lesa humanidad ¿Por qué crees que las audiencias de los juicios están teniendo menos difusión?

Porque hay una prensa mediática que es un poder muy importante en Jujuy y vemos que no le importa cubrir los juicios de lesa humanidad, si bien fue así siempre, hoy está exacerbada. Vemos que hay medios cómplices que se callaron durante la dictadura y ahora hacen lo mismo, juegan un rol muy importante en la desinformación, en la comunidad y son fieles a los intereses foráneos que ellos comparten y que no tiene nada que ver con la verdad, la memoria y la justicia, menos con la difusión de estos procesos de justicia tan importantes, pero confiamos en la prensa y medios de comunicación alternativos que puedan difundir estas audiencias que son importantes para la provincia.

Con respecto al trabajo de los organismos de derechos humanos, H.I.J.O.S y familiares ¿Cuál es tu opinión?

Con 40 años de estar en estos procesos, son de contextos desfavorables para los organismos, no existen  políticas públicas de ayuda y acompañamiento para la difusión de nuestras tareas, seguimos metiendo las manos en los bolsillos para ver lo que podemos hacer y con los roles de la secretaria de derechos humanos de la provincia que tiene un rol partidista y que no le interesa los procesos de verdad y cumplen otros roles que no tienen que ver con los derechos humanos que son inculcados por el estado, realmente no tiene existencia con políticas públicas de derechos humanos en la provincia porque se necesitan organismos institucionales para defender y proteger estos derechos como es el estado a través de la secretaria de derechos humanos y que en este caso no tiene ningún rol importante.

¿Algo para agregar?

Sí, creemos que esta lucha va a continuar y tiene procesos de idas y vueltas y es una lucha opacada por el silencio de los medios por una ausencia de política pública en derechos humanos y solamente el compromiso militante de los organismos de derechos humanos va a estar presente en todas estas reivindicaciones de verdad, memoria y justicia…

Muchas gracias Inés…

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Julio “Pampero” Alvarez García estaba casado, tenía dos hijas (Mariana y Cecilia) y una en camino Alejandra). Estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán en la cual trabajaba además como empleado de la imprenta de la facultad de Derecho. Era militante montonero militaba en la Juventud Universitaria Peronista. El día 21 de Agosto de 1976 Julio fue detenido en su domicilio –que era también el de sus padres -, ubicado en calle Libertad 556 del Barrio Ciudad de Nieva de la ciudad de San Salvador de Jujuy, por dos personas de civil, una de las cuales tenía una cicatriz en la cara (Tte, Mariano Rafael Braga). Fue introducido en una Renoleta (R4 o R6) particular, la que fue seguida por su hermano quien la vio ingresar al Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20). El hecho fue denunciado ante la Policía Provincial. Uno de sus agentes informó a familiares del detenido que debían averiguar el hecho ante las autoridades del RIM 20 de la ciudad. Según versiones que se pudieron obtener, quien fuera Jefe de la Comisaría de Libertador General San Martín en democracia, el Comisario Caffagge, quien en esa época se desempeñaba como policía, y conocería que Julio Rolando habría sido trasladado después de su segunda detención en un avión Hércules a mediados de Diciembre del año 1.976, junto con otros detenidos a una cárcel del sur. Coincidentemente, el Padre Luis (Alvisio Luis Massing), que se desempeñó como capellán del RIM 20, habría dicho que a todos los detenidos los trasladaban en el Hércules, los llevaban al monte tucumano y los dinamitaban, lo que se publicaba en el diario la La Gaceta de Tucumán como un «enfrentamiento», existiendo precisamente, a mediados del mes de diciembre de ese año, tal versión periodística. Así mismo, Luis Morales, entonces un recluta que haciendo el servicio militar trasladaba como chofer al Coronel Bulacio a Tucumán, vio en una oficina del cuartel de Tucumán una lista de nombres, entre ellos el de Julio Rolando Alvarez García, tachado con rojo, y le dijeron que los tachados «eran todos boleta». Nunca más, después de esta detención, que fue la segunda que sufriera, sus familiares supieron de él. La primera detención, se produjo en el mes de Febrero de 1976, cuando Julio Rolando, que era delegado del Comedor Estudiantil, fuera secuestrado en la ciudad de Tucumán, manteniéndoselo detenido durante 35 días en el campo clandestino que funcionó en «Escuela de Educación Física» de esa ciudad.