Desde H.I.J.O.S. Jujuy manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la percusión política-judicial que lleva adelante el Gobierno Provincial de Gerardo Morales en contra de 100 familias que habitan y producen las tierras hace más de tres generaciones en la localidad de Palma Sola. Además denunciamos el intento de intimidación, armando causas penales falsas, en contra de personas que hace décadas acompañan el reclamo de las familias campesinas de esa localidad para que se les reconozca el derecho de habitabilidad, producción y cuidado de esas tierras, y en contra de los innumerables intentos fallidos de expulsarlxs de las tierras que habitan, como es el caso de María José Castillo, nuestra abogada, militante incansable por los derechos humanos, y en este caso en particular por “el derecho la tierra”.
El Gobierno de Jujuy, una vez más, en un acto de desesperación, ante la posible pérdida de sus negocios inmobiliarios, y para proteger y garantizar privilegios de empresarixs y terratenientes amigxs, en un ardid a través del Consejo Deliberante de Palma Sola, hizo derogar una ordenanza municipal donde se reconoce la existencia del Área Campesina de Palma Sola y se insta a realizar un Ordenamiento Territorial según los principios y objetivos de la Ley Nacional 27118, e inicia una denuncia penal contra nuestra compañera Castillo y otrxs funcionarixs de esa localidad.
Cabe recordar que esto se originó porque el 19 de abril pasado se entregó el relevamiento territorial de 23 mil hectáreas distribuidas en 18 parajes rurales a las familias antes mencionadas. “Sabemos que reconocer derechos no solo no constituye delito alguno, sino que es una obligación impostergable de quienes decidimos asumir funciones públicas”, dijo María José, como Directora de Arraigo Rural y Tierra Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura Familiar.
Es decir que, desde que asumió Morales, en Jujuy solo se “desalambra” para los negocios empresariales, como también en el caso de los Perilagos, y el conflicto en la comunidad de Querusiyal donde se está avanzando sobre territorio de pastoreo para hacer caminos para la minería, ejemplos concretos donde se avasallan derechos con órdenes de desalojo en perjuicio de las familias rurales que están hace años trabajando la tierra. Claro está que el gobierno solo hace oídos sordos a las comunidades porque no representan un negocio para ellos.
También es importante recordarle al ejecutivo provincial que, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que los gobiernos están obligados a respetar la relación especial que lxs indígenas y campesinxs tienen con sus tierras y que esos pueblos tienen derecho a utilizar, administrar y conservar los recursos naturales que existan en las mismas, convenio al que adhirió nuestro país mediante ley nacional 24.701, la que deja claro que; los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación y que la utilización del término «tierras» deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Además, la ley establece que, deberá reconocerse a los pueblos interesados “el derecho de propiedad y de posesión” sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Y la Asamblea general de Naciones Unidas, tras la adopción de la Declaración de Derechos Campesinos, demanda a los Estados a garantizar el derecho a la tierra de los campesinxs y otras personas que trabajan en áreas rurales.
Alejado de prácticas garantistas de derechos, y mintiendo un vez más, el Poder Ejecutivo provincial intenta darle intervención a su amigo, el juez Hansen, echando mano de la justicia federal para criminalizar una política pública orientada a reconocer derechos campesinos e indígenas largamente postergados y para ponerla al servicio de los terratenientes y empresarios de Jujuy dejando en vilo a las familias y lxs compañerxs que trabajan para el avance en el reconocimiento de los derechos de lxs campesinxs, Morales es el gobernador que ignora las leyes, además de usarlas con fines persecutorios, tal es así que, sus funcionarios fueron capaces de destruir sitios de memoria, incluso ignorando leyes nacionales que los protegen por lo que tienen dos denuncias penales.
Desde H.I.J.O.S. Jujuy nos solidarizamos y acompañamos las demandas campesinas de; políticas que reconozcan las diferentes formas de uso de la tierra, de instrumentos accesibles que permitan inscribir (certificar) posesiones ancestrales de las familias de la agricultura familiar campesina, de la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar Campesina Indígena y suspensión de los desalojos de las familias en el campo y políticas publicas integrales y universales para todas las familias campesinas indígenas y de la agricultura familiar Argentina, y, repudiamos todo intento político, judicial y mediático, que ponga en riesgo los derechos reconocidos por nuestra constitución y otras legalizaciones vigentes.
S. S de Jujuy, 5 de mayo de 2022
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