San Salvador de Jujuy, 06 de julio de 2022
Desde H.I.J.O.S. Jujuy, manifestamos nuestro más enérgico repudio al accionar represivo del gobierno de Gerardo Morales y el Poder Judicial provincial servil a los intereses de Morales, que no cesan con la persecución judicial y política contra todxs aquellxs que levantan la voz demandando una vida digna o enfrentando sus políticas autoritarias, como es el caso del allanamiento en el domicilio de dirigentes y militantes, y en las sedes de las Organizaciones Sociales; FOL, MRT 12 de abril, FPDS, Movimiento Evita y MTE, entre otras, que se llevó adelante esta mañana por parte de la policía de Gerardo Morales. Toda esta arbitrariedad se da en el marco de una causa armada, luego de la represión del día 3 de marzo del corriente año, sufrida por las organizaciones sociales que se manifestaron en distintos puntos de la provincia para pedir asistencia social a comedores, ayuda económica de emergencia, y «contra el ajuste y el hambre».
El derecho a la protesta está contemplado en la Constitución Argentina como forma de libertad de expresión, y en varios tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como así también, en la “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” de la OEA y la Opinión Consultiva 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La protesta social expresa el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la libertad de expresión, la libertad de opinión, el derecho a reunión, el derecho a asociarse, el derecho a peticionar ante las autoridades, el derecho a la diversidad y constituye la esencia misma del pluralismo democrático, es así que su criminalización impide no sólo el ejercicio de los derechos políticos sino también produce un desequilibrio en el orden en que descansa el estado social de derecho, afectando su legitimidad, al punto que garantizar la protesta social es garantizar la continuidad democrática.
Además es importante señalar que, las demandas de las organizaciones sociales son las que, visibilizan la dura realidad de los sectores marginados de nuestra sociedad, razón por la cual son severamente fustigadas. Y son precisamente estas organizaciones sociales que, ante las reiteradas crisis económicas que hemos atravesado, aseguraron un plato de comida en muchos de los barrios Jujeños.
Miguel Ramos, referente de ATD la (Asamblea, Trabajo y Dignidad), viene denunciando en diferentes medios de comunicación la persecución de la que son objeto las organizaciones sociales y sus militantes: “nuestro espacio político abarca sesenta merenderos, doce comedores, varios espacios artísticos, culturales, deportivos, siete bibliotecas, centros culturales, veinte escuelas de deporte social, espacios de género y jardines maternales, entre muchas cosas más”.
“El gobernador Morales nos persigue por todo el trabajo social que hacemos, solo pretendemos mejorar las condiciones de vida de los vecinos, somos un espacio independiente”, expresó el dirigente jujeño. Continuó diciendo que por medio de las causas armadas “nos van tomando a compañeras y compañeros de rehenes”. Entrevista a Miguel Ramos (Tiempo Argentino 11/06/2022)
La JUDICIALIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN de la protesta social, NO ES UNA RESPUESTA DEMOCRÁTICA a la resolución de conflictos que puedan suscitarse en el marco del legítimo ejercicio del derecho a la protesta.
Exigimos el inmediato cese de la persecución política y judicial en contra de lxs militantes de las organizaciones sociales y que se respete el pleno ejercicio del derecho a la protesta que les asiste.
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