Por Guadalupe Ficoseco y Florencia Miño para H.I.J.O.S. Jujuy
En la jornada del 20 de octubre, en el horario habitual se dio inicio a una nueva jornada de alegatos por parte de la defensa de los genocidas. Se continuó con la exposición a cargo de Ricardo Vitellini, simpatizante del Bussismo, ex comisario de la policía federal, quien salió de esa fuerza de una manera poco decorosa, y en la última década se dedicó a la defensa de genocidas como en este caso el imputado Mariano Braga.
Prosiguiendo con el alegato, el defensor desarrolló el marco histórico desde la perspectiva ideológica promilitar y terrorista, trató de explicar los motivos que dieron origen al golpe de Estado del año 1976. Para este argumento se situó en la doctrina de facto que explica las acciones llevadas a cabo desde el derecho penal militar, para luego situarse en los hechos específicos de la provincia de Jujuy. Con este recorrido, que no es al azar, trató de justificar no solo los aberrantes hechos sucedidos en Jujuy sino también los horrores llevados a cabo por la junta militar y sus subordinados, refiriéndose a que hubo “seis golpes de Estado exitosos” en Argentina, siendo el último atípico pero que siempre fueron “mecanismos tradicionales”.
Con respecto al manejo, estructura y funcionamiento del gobierno de facto durante el golpe militar, Vitellini se basó en la teoría del paralelismo global (Doctrina de carácter represivo la cual determinaba que existió un paralelismo entre un orden normativo, público y uno fáctico y secreto), para justificar que en ese periodo sólo un grupo de las fuerzas armadas, secreto y autónomo, fueron los responsables de las atrocidades cometidas “el responsable de la vida y muerte en Jujuy era Carlos Nestor Bulacios”, como si no hubiese existido una política represiva de Estado, y un gobierno genocida que utilizó todas las estructuras del mismo para llevar a cabo su plan sistemático de exterminio, omitiendo que esas órdenes, al igual que las leyes, también fueron escritas pero fueron destruidas con el advenimiento de la democracia. Además, señaló que a su juicio no existieron centros clandestinos como tales aduciendo inescrupulosamente que al momento de los hechos eran legales las detenciones realizadas por estos represores.
Con la misma lógica, explicó la doctrina ideológica de facto, el defensor comentó que utilizó un libro escrito por Eugenio Zaffaroni, muy difícil de encontrar, lo cual es muy llamativo y nada improvisado por dos cuestiones, por una parte, usar este libro con un autor como Zaffaroni cuyo posicionamiento ha sido impecable en el tratamiento de lo concerniente a derechos humanos, lo cual busca generar confusión, y por otro lado, que este libro no se pueda encontrar, con una clara intención de “ensuciar” de algún modo el trabajo prolijo que algunos jueces han tenido durante los procesos de justicia en materia de lesa humanidad. Teniendo en cuenta este libro, el abogado intentó inútilmente justificar la ideología del golpe de Estado diciendo, peligrosamente, que en esas circunstancias eran situaciones inevitables donde la autoridad militar podía tomar el mando de una parte del territorio.
Para este abogado las circunstancias ocurridas en la provincia de Jujuy fueron «especiales» por tratarse de sucesos trascendentales. Refiriéndose a lo ocurrido en Mina Aguilar y el fuerte movimiento obrero que se había gestado en los gremios. Recordemos que el Aguilarazo tuvo sus bases en los reclamos de mejoras salariales, condiciones de trabajo dignas y la formación de una obra social para lxs trabajadorxs. Pedidos totalmente razonables teniendo en cuenta el desamparo de los trabajadores mineros en los años 70. Estos casos “especiales” dan a entender que el fuerte ensañamiento contra lxs gremialistas en la provincia estaban justificados por la intensidad con la que luchaban lxs trabajadores y por lo mismo recibieron una reacción acorde a sus luchas. Una vez más justificando la crudeza con la que fueron violentadxs lxs detenidxs politicxs.
En su discurso histórico fascista y golpista, el abogado se refirió a la figura de Juan Domingo Perón, haciendo referencia a que llevó adelante acciones militares y se dictaron leyes con el fin de perseguir y castigar políticamente, lo que no dijo, es que esas leyes fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema con el transcurrir del tiempo y que también esos crímenes fueron considerados de lesa humanidad. Todo esto con el objetivo de justificar que lo que se hizo durante ese gobierno democratico, no fue diferente a lo que sucedió en durante la última dictadura militar, y que esas acciones estaban avaladas por el líder máximo de algunas de las organizaciones políticas de esa época, que denunciaron sistemáticamente esas prácticas. No es de extrañar que se traigan precisamente estas palabras al juicio, pues se escucharon en otras defensas nefastas.
Luego, siguiendo con la exposición acomodada a su estilo, Vitellini hizo alusión a la trillada, y ya saldada, discusión semántica sobre los términos “exterminar» y «aniquilar» como si esto representara un cambio sustancial a la hora de analizar el objetivo del golpe militar y los horrores cometidos en perjuicio de las víctimas y empleó, una vez más, la teoría de los dos demonios, aduciendo que en ese momento habían grupos terroristas que atentaban contra la sociedad y el “bien común”, un discurso ya utilizado hasta el hartazgo por los defensores, que no es una excusa para “suavizar” los crímenes cometidos por los genocidas que ellxs defienden. Al respecto desarrolló como parte del marco histórico la supuesta Guerra Revolucionaria, este discurso, si bien buscaba explicar algunos hechos, solo dejó en evidencia la postura del abogado con respecto a quienes sigue denominando como “subversivos”, demonizando las figuras de las militancias.
Según este abogado adulador de las fuerzas represivas, las situaciones no se dieron como se quiere hacer creer, pues su defendido, el acusado Braga, sólo cumplió con su deber, a lo que agregó que “si bien hubieron excesos, los responsables fueron unos pocos”, cuando está más que demostrado que fue un engranaje represivo en el que participaron civiles y hasta la jerarquía de la iglesia. Y sumó, con el afán de exculpar a su defendido, dos veces condenado a perpetua en otros juicios, “hay mucha gente como Braga que está imputado y condenado por el simple hecho de haber ido a trabajar”.
Luego de un breve cuarto intermedio, prosiguiendo la defensa, Vitellini se pronunció en contra de las investigaciones de los organismos de derechos humanos en cuanto a los registros encontrados sobre las personas involucradas en «acciones subversivas». Negó sistemáticamente la existencia de decretos, informes y listas que apuntaban en contra de lxs perseguidxs politicxs. Esta postura negacionista no es de extrañar ya que quien tenía el control de esta información, es decir los registros, era su defendido, el oficial de inteligencia del ejército, Mariano Braga. «No hay ninguna prueba que confirme la acusación» a lo que agregó contradictoriamente, “Braga no torturó a nadie sólo se encargaba de llevar registros, solo atendía a las personas que buscaban a sus familiares”, y trabajaba en una oficina “haciendo fichas”, casi un santurrón.
Asimismo, al igual que lxs otrxs defensores, con la intención de excusar las acciones represivas del régimen militar, el abogado citó las leyes de facto vigentes en la época de los hechos, con el fin de evidenciar la supuesta legalidad de los crímenes cometidos por estos genocidas. Crímenes que sabemos, bajo ningún contexto tienen justificación. Secuestraron, torturaron, mataron y desaparecieron a lxs ciudadanxs que luchaban por sus derechos, en este plan sistemático que tenía como objetivo exterminar y aniquilar a lxs que ellos llamaron «elementos subversivos» denominación que buscaba quitar todo rastro de humanidad a las víctimas. Lo manifestado por el abogado resulta preocupante, pues no hay justificación alguna para las acciones desplegadas por las fuerzas armadas, si bien las leyes podrían haberse ejecutado bajo un contexto vigente, estas siempre fueron y serán inconstitucionales.
A pesar de que los secuestros, torturas y asesinatos siempre estuvieron penados por la ley, el abogado hace caso omiso de lo puramente racional manifestando en sus palabras «La ley no le exigía una conducta diferente a Braga». Esto último, en la época de la dictadura equivalía a un «vale todo». Y prosiguiendo, el abogado manifestó «Nadie se iba después de un golpe de Estado, era parte de las costumbres argentinas».
Queda claro que la posición del defensor Vitellini promueve una actitud golpista que refleja su propio discurso y pensamiento, al referirse a los hechos del pasado reciente que, además, y de manera alarmante, trae al presente, casi como una expresión de deseo, con su constante especulación sobre la actualidad y cómo actuaría hoy la ley si sucediera un posible golpe de Estado. Este tipo de suposiciones vuelven a reafirmar la postura ideológica recalcitrante del abogado que constantemente avala los acontecimientos históricos y acusa a las querellas de anacronismo judicial, según él «No se puede determinar la legalidad e ilegalidad de lo que pasó antes». Estas palabras revisten de violencia a estas defensas de los genocidas, que no se cansan de denigrar a las víctimas, minimizar los hechos y pasar por encima de los derechos de quienes hoy no pueden defenderse, pero que sepan estxs esbirros de la dictadura que quienes nos sabemos hijxs de una misma historia, los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas nunca dejaremos que se borre de la memoria del pueblo la verdad verdadera. Vitellini entiende que lo que pasó antes está justificado y no se debe volver a ello, sin embargo las familias siguen buscando respuestas, lxs compañerxs, por un mero acto de negación no vuelven a sus vidas, no vuelven con sus familias. Nada puede subsanar las pérdidas y esta nefasta defensa mira hacia un costado y lo da por perdido. Si algo tenemos claro es que la justicia tiene que llegar, aunque sea 40 años después…
Este abogado cita repetitiva y arduamente su parte de la historia como esa “historia oficial” y omite que ésta es construida por la misma memoria que con tanto énfasis defenestra y niega. Vitellini, y las defensas de los genocidas, no pueden reconocer que la historia se sostiene a través de la memoria colectiva que tanto les molesta e incomoda. Esa memoria que según ellxs está equivocada, pero que nos habla desde los ecos del pasado para recordar a dónde NUNCA MÁS debemos volver.
Por último, nos queda hacer notar la autorreferencialidad a la que alude en todo momento el abogado Vitellini “¿Esta mal lo que digo?”, que sumado a su tono soberbio y a la defensiva, nos hace preguntarnos si sólo alega por el acusado Mariano Braga o si también trata de defender y excusarse a sí mismo y a su pensamiento golpista.
Finalizando la audiencia, el presidente del Tribunal Oral, Dr. Federíco Díaz, le hizo un llamado de atención al abogado Vitellini haciéndole notar sobre su inapropiada conducta al referirse al Ministerio Público Fiscal de manera ofensiva, esto en razón de que este defensor expresó, con una “chicana” política, que esa fiscalía recibía instrucciones del Ministerio de Justicia de la Nación, cuando se sabe que las fiscalías son órganos independientes. Lo que quiso decir Vetellini con esto es que, como es de público conocimiento, para el sector político que representa Vitellini (la derecha) el gobierno de turno es señalado como “Montonero” y el Ministerio de Justicia de la Nación es parte de esa gestión, la fiscalía responde políticamente a ese Ministerio. Un pataleo poco ético.
En el cierre de la audiencia se notificó que la defensa continuará su alegato el día 27 de octubre, a las 8:30 hs en la sala del TOF de Jujuy. La cita revestirá la misma modalidad virtual y será transmitida en vivo por el canal de Youtube del CIJ (Centro de Informaciones Judiciales)
https://www.youtube.com/…/PoderJudicialVideoconferencia…
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