Por H.I.J.O.S Jujuy
El día miércoles 13 de julio, en el horario habitual, se inició el alegato a cargo de la Dra. Andrea Lupiañez quien representa a la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) constituida como querellante adhesiva de las causas que conforman este juicio. Es decir las causas conocidas como Arédez y la Causa Burgos, también conocida como “La noche del apagón”.
Lupiañez, adelantó que el alegato partiría de la valoración de las pruebas de la parte estrictamente acusatoria y que se adherirá a la acusación del Ministerio Público Fiscal y a las penas que allí se pidieron, que se detallan en la AUD 90 (1).
Continuó explicando que en líneas generales, ambas causas agrupan los hechos cometidos en dos operativos represivos deplegados por las fuerzas conjuntas durante el año 1976 en el departamento de Ledesma donde fueron secuestradas las víctimas, de las dos causas que mencionamos al principio, para luego ser obligadas a ingresar a un extenso circuito represivo de terror que en algunos casos terminó con el asesinato y posterior desaparición de las víctimas. El primero de estos operativos se realizó el mismo día del golpe cívico-militar, el 24 de marzo de 1976 en horas de la madrugada, la causa por estos hechos agrupa un total de cinco víctimas: Luis Ramón Arédez, Ramón Luis Bueno, Antonio Filliu, Omar Claudio Gaínza y Carlos Alberto Melián. Los imputados de esta causa son Juan de la Cruz Kairuz y Juan Carlos Jones Tamayo.
El segundo operativo se desarrolló con posterioridad, durante el mes de julio, y se lo conoce como “La noche del apagón”. Los imputados para esta causa son Mariano Rafael Braga y José Américo Lescano, Carlos Humberto Cachambe, Virgilio Choffi, Pedro Rios, Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez, Herminio Zarate y Carlos Alberto Ortiz (f).
Ambas causas son emblemáticas porque involucran la responsabilidad de la empresa Ledesma, evidenciada a lo largo de este debate, aunque no se hayan llevado a juicio como imputados principales a los responsables, Carlos Pedro Blaquier, en su carácter de director de la empresa, y Alberto Enrique Lemos, como administrador. Estos se encuentran ausentes gracias a las maniobras dilatorias de sus defensores, quienes lograron en casación la declaración de falta de mérito y también debido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que demoró injustificadamente en resolverlo por más de 6 años. Seguramente, debido al poder económico que se evidencia y es objeto de protesta en la denominada “Marcha del apagón” que se hace en conmemoración a estos hechos todos los años en julio.
En este punto, la abogada recordó a las primeras madres, a las primeras familiares que empezaron a marchar incluso antes de la democracia, cuando todavía era dictadura, y entre ellas a Eblogia Cordero de Garnica, madre de dos hijos desaparecidos, lxs tres fueron víctimas de la Noche del Apagón. Sus palabras, sobre esa noche, conmueven, a la vez que dan cuenta de la estrechez de la época “éramos pocas madres durante la época del proceso militar, porque muchas madres tenían miedo, pero para la gente nosotras éramos unas locas, unas locas de mierda. Nos veían como unas locas, nos decían ‘vayan a vender empanadas’ porque creían que éramos unas vagas”.
Es importante resaltar, debido a las causas que atiende este alegato, continuó Lupiañez, que los hechos que forman parte de este juicio fueron ejecutados con la impunidad, organización y crueldad que los caracteriza debido al uso de espacio y recursos que Ledesma cedió. Espacios donde la empresa tiene un gran poder económico y político significante hasta el punto que se le llama “La empresa” como dijo la testiga de contexto Victoria Basualdo (investigadora del Conicet) que atiende a los tipos de delitos económicos. La investigadora, al analizar el caso de Ledesma entiende que se habla de una empresa con un dominio territorial muy significativo ya que, a través de la historia, esta empresa extendió su territorio y pasaron a estar bajo su dominio las tierras de Calilegua, Campo Colorado y Caimancito.
Gabriela Karasik (Lic. en antropología y Dra. en historia, investigadora del Conicet y profesora de la carrera de antropología de la UNJU), otra testiga de contexto, dijo que para graficar esta situación nada mejor que los dichos del propio Blaquier (publicados en su blog personal). La Dra. se refirió a las palabras textuales: “Aquí la gente nace en el hospital de la compañía, vive en la casa de la compañía, va a la escuela de la compañía, trabaja en la compañía, transita por las calles de la compañía, asiste a la iglesia de la compañía, donde comulga con una hostia elaborada en la panadería de la compañía, muere en el hospital de la compañía y lo entierran en el cementerio de la compañía, en un cajón también fabricado por la carpintería de la compañía.” ( Pedro Blaquier). En este blog perfectamente podemos sustituir la palabra “compañía” por la palabra “estado”, señala la investigadora Liz Gómez que forma parte del equipo de Karasik.
Otra investigadora, también testiga que aportó al contexto, Ana Franki (Facultad de Derecho de la Universidad de Londres, licenciada en ciencias jurídicas y magíster en ciencias políticas) explica que la empresa Ledesma cumple el rol de proveedora de la ciudad porque no existe la separación entre estado y economía. Esto ocurre, indicó, porque es ficticia la separación entre el estado y la economía. La empresa Ledesma no sólo ejerce poder sobre sus trabajadores, sino también sobre toda la población, y es un poder que existe hasta el día de la fecha. Las testigas propusieron analizarlo como un “sistema fabril con villa obrera” es decir, un sistema de poder que se estructura en torno a un establecimiento productivo que da origen a un grupo poblacional que fue creciendo en torno al ingenio.
LA OMNIPOTENCIA Y OMNIPRESENCIA DE LA EMPRESA
Viviendas, hospitales, escuelas, cines, clubes, almacenes, central telefónica, usina de electricidad, albergues, farmacias y remedios, fuerzas de seguridad y armadas, entre otras cosas, todo pertenecía a la empresa Ledesma. Son numerosxs testigxs sobrevivientes que declararon en este juicio acerca de la magnitud del poder y control de la misma, que tenía la propiedad del control de gran parte de las viviendas de la zona, no solo de Ledesma y Libertador General San Martín, sino también de Calilegua. Delicia del Valle de Álvarez contó que su casa era de la empresa Ledesma, que vivían con su papá y que cuando lo despidieron le dieron 48 horas para que él abandone el lugar, lo mismo sucedió con muchísimas otras víctimas.
También vivían en estas casas algunos de los imputados de este juicio, como Juan de la Cruz Kairuz, o como bien declaró Mario Martin Gil, gerente administrativo que dijo que Ledesma proveía de vivienda al jefe de gendarmería y a la policía. También los testigos se refirieron a lo que llamaron “cuarteleros” o “casilleros” que eran los encargados de controlar las viviendas y desalojarlas cuando los obreros eran despedidos.
Los centros recreativos y de esparcimiento, como cines y clubes también dependían de Ledesma, como el Club Atlético de Ledesma. Allí se desempeñaba como director técnico el imputado Juan de la Cruz Kairuz, quien dijo en su momento “ese club pertenecía a la empresa ledesma, estuve un tiempo como jugador, luego como ayudante técnico y como director del equipo”, mientras que Mariano Gil, contador de la empresa, oficiaba de director del club.
Como se puede observar, continuó la Dra. Lupiañez, la función de estado y empresa se superponen, como dijo Ana Franki. Había otro tipo de viviendas, muy precarias, ubicadas en los denominadas “lotes”, allí vivían los zafreros con sus familias; estos eran del escalafón más bajo de los obreros de Ledesma.
Lupiañez recalcó que fueron varios los trabajadorxs de estos hospitales que fueron perseguidos y detenidos, Luis Antonio Bermúdez, Alberto Collado, Carlos Cardozo y Luis Arédez, estos médicos habían hecho una investigación sobre el mal de Chagas en Ledesma, donde demostraron que el 64% de las personas estaban infectadas de esta enfermedad debido a las pésimas condiciones de vida que sufrían y agregó “era como si estuviéramos en el medioevo”.
Olga Márquez de Arédez dijo en los relatos del apagón, incluidos como pruebas, que su esposo Luis Ramón Arédez, detectó que lxs chicxs tenían graves problemas de crecimiento y mala alimentación, por ello les recetaba medicamentos que sólo se encontraban en farmacias privadas, que no tenían relación con la empresa.
No por casualidad la gendarmería y la comisaría 24 estaban ubicadas en el predio del Ingenio Ledesma, así se refirió la abogada a estos lugares, que posteriormente funcionaron como centros clandestinos. Supuestamente gendarmería fue construida para controlar la zona fronteriza, aprovechando el espacio edilicio brindado por la empresa. Nunca hubo un motivo real para que fuera creada en este lugar, pues se encontraba a 137 kilómetros, lejos del límite fronterizo. Ledesma no sólo brindó el inmueble, sino que brindó vehículos y todo lo necesario para su funcionamiento como contraprestación a cambio de seguridad. Por lo mismo, no es un dato menor las relaciones de índole personal que tenían estas fuerzas con la empresa, a cambio de vivienda y trabajo en la empresa, tal como contaron algunos imputados como Kairuz que tenía doble trabajo, en la policía y en el club deportivo.
A continuación, la querella del APDH, pasó a relatar la cuestión del trabajo, los despidos y el exilio. Para referirse a esto, citó las palabras de la Dra. Victoria Basualdo, quien dijo que “este despliegue omnipresente de la empresa Ledesma, tanto en el ámbito productivo, como en los más amplios aspectos de la vida social, hizo que se constituyera un mercado laboral cerrado y debido a ello se generará una fuerte dependencia e inmovilismo de los trabajadores” esto quiere decir que una vez despedidos se les hacía muy difícil conseguir otro trabajo en la zona, algo que sucede hasta el día de hoy.
Son similares los testimonios que se repiten, son secuelas o impactos de larga duración. “No sólo afectaron a las víctimas y a sus familias, sino que marcaron a todos los habitantes de la zona y debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar el daño causado”, así lo manifestó la Dra. Lupiáñez.
A modo de conclusión, dijo, este poder de Ledesma se pudo percibir en las inspecciones oculares realizadas en el barrio Ledesma, en la dependencia de Gendarmería Nacional y la comisaría 24 de la calle Reconquista. Este barrio es una de las zonas más antiguas de Libertador General San Martín y fue construido sobre un terreno donado por la empresa Ledesma y “a sólo una cuadra y media de la casona de Ledesma están ubicadas las dependencias de gendarmería y la comisaría 24” y manifestó que “desde allí se puede controlar a todo el pueblo, el diseño arquitectónico del pueblo obedece a un panóptico, con forma de sol y ramificaciones, en el centro un ojo que todo lo vigila” a esto se refieren las víctimas cuando dicen que la empresa “todo lo ve, todo lo vigila, nada escapa a su ojo”.
“NUNCA SEREMOS APÉNDICE DE LOS INTERESES DE LOS PODEROSOS”. (Discurso de Luis Ramón Arédez)
CAUSA ARÉDEZ
Después de un cuarto intermedio, la Dra. Lupiañez retomó los alegatos, empezó por la causa conocida como Arédez. Esta causa comprende los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas Luis Ramón Arédez, Ramón Luis Bueno, Antonio Filiu, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melian. De ellos, Arédez es el único desaparecido, los demás sobrevivieron y pudieron dar su testimonio en etapa de instrucción. Por la demora de los tiempos, las víctimas fallecieron antes de este juicio, pero su testimonio pudo ser agregado en este debate.
Como bien quedó acreditado en este debate, las víctimas tenían en común que, al momento de los hechos cometidos, el día del golpe cívico militar, todos residían junto a sus familias en el departamento de Ledesma. En el caso de Arédez tenía su domicilio en el pueblo de Ledesma, mientras que el resto de las víctimas vivían en la zona de Libertador General San Martín. La Dra. Lupiañez recordó que, como ya está acreditado, todas las víctimas de este caso fueron perseguidos políticos por participar o ser miembros del sindicato de obreros y empleados del azúcar de la empresa Ledesma, salvó Filiu que era comerciante y nunca trabajó para la empresa ni participó sindicalmente. Los hechos de este caso están detallados en la AUD/84(2).
La Dra. se refirió a las víctimas de manera individual. Con respecto a Luis Ramón Arédez, remarcó el hecho de que fue intendente del pueblo y a la fecha de su detención trabajaba en el sindicato de obreros como asesor médico de los trabajadores. Los motivos de su detención y posterior desaparición están constatados en numerosos documentos que señalan como principal responsable a la empresa Ledesma.
También se tiene la confesión de Mario Paz, uno de los culpables que falleció antes de poder ser llevado a juicio como imputado. Mario Paz fue ex jefe de relaciones públicas de la empresa Ledesma, en el documental “Sol de noche”, agregado como prueba en este juicio, cuenta impunemente cómo la empresa despidió al Dr. Arédez por “ser un zurdito que hacía demagogia recetando remedios caros que causaban pérdidas a la empresa”.
Son muchos los testimonios de compañeros que estimaban a Arédez por sus labores como intendente. En su discurso recuperado en el libro de Delia Maisel, el Dr. Arédez manifestó “las puertas del municipio estarán abiertas para la población, todos los días. Nunca seremos un apéndice de los intereses de los poderosos”.
La querella volvió sobre los documentos de la DIPBA, incorporados como prueba a este debate, donde consta que todas las víctimas de esta causa sufrieron inteligencia previa, allí surge que fueron detenidos por razones políticas.
La Dra. Lupiañez recordó que los hechos perpetrados contra estas cinco víctimas ya fueron probados en el primer y cuarto juicio de Lesa Humanidad en Jujuy, no existen dudas y no son hechos controvertidos, pero se refirió a ellos nuevamente con el fin de traer a colación la responsabilidad de los imputados Juan de la Cruz Kairuz y Jones Tamayo, y quedó demostrado que las detenciones se llevaron adelante con camionetas del Ingenio Ledesma, quien brindó los insumos, como en el caso de Arédez quien fue secuestrado por un vehículo de la empresa conducido por Juan de la Cruz Kairuz.
Sobre los padecimientos de Arédez, su hija Teresa, contó que, estando su padre alojado en el penal, éste sufrió un infarto y no fue tratado debidamente, además mencionó los testimonios de otros sobrevivientes, quienes contaron que fue Arédez uno de los más castigados y torturados. Entre estos testimonios, está el de Felipe Noguera -conocido como “pingüino”- quien recordó que el día del traslado en avión fueron sacados de forma violenta, golpeados y algunos marcados con una cinta roja, como Armando Tilca (desaparecido), Luis Ramón Arédez y el “loco” Bravo quien llegó tan golpeado en La Plata que fue llevado directamente a la guardia.
Con respecto a su segunda detención llevada a cabo el 13 de mayo de 1977, cuando regresó a Jujuy, después de salir del trabajo y tras regresar a su casa en su auto, fue interceptado y secuestrado permaneciendo hasta hoy en calidad de detenido, desaparecido. Luego de su desaparición, la familia Arédez sufrió numerosos allanamientos en su domicilio y después supieron que se trataba de Juan de la Cruz Kairuz, tal como está detallado en la AUD/84 (2).
Conforme a todo lo expuesto en la AUD/ 88 (3), no hay dudas de que fue Juan de la Cruz Kairuz quien cometió las detenciones y delitos, debe responder por la privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Ramón Luis Arédez y por el allanamiento ilegal del domicilio de la familia Arédez. Por su parte el imputado Jones Tamayo es responsable de allanamiento y privación ilegítima de libertad y tormentos en relación a las cinco víctimas de esta causa.
CAUSA BURGOS
Al finalizar con la exposición de la causa Arédez, la Dra. Lupiáñez continuó con el desarrollo de la Causa Burgos, conocida como “La noche del apagón”. Recordó que los hechos acreditados en dicho juicio formaron parte de un gran operativo realizado en conjunto por tres fuerzas: ejército, gendarmería y policía de la provincia de Jujuy, operaron de forma sucesiva entre los días 20 y 27 de julio de 1976 en el ingenio. Se llevaron a cabo allanamientos, saqueos de domicilio, detenciones ilegales a altas horas de la noche y sin ninguna orden judicial por miembros de las fuerzas que utilizaron la violencia para los traslados a las distintas dependencias policiales ubicadas por la zona, como gendarmería hasta ser trasladados al CCDTyE de Guerrero.
A manera de ordenamiento, la Dra Lupiañez adelantó que se referiría a la manera general de los procedimientos de los hechos concretos y luego proseguirá con la valoración de las pruebas y responsabilidad penal de los imputados Mariano Rafael Braga, José Américo Lezcano, Pedro Ríos, Carlos Humberto Cachambi, Virgilio Choffi, Ricardo Orlando Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate.
En los operativos que refieren a la Noche del Apagón, hay 23 víctimas, mencionó Lupiañez, entre las que se puede nombrar a Bernardino Oscar Alfaro Vasco (segunda detención), Luís Alfaro Vasco (segunda detención), Delicia del Valle Álvarez de Narváez, Hipólito Álvarez, Raúl Ramón Bartoletti, Alicia Norma Castillo, Eblogia Cordero de Garnica, María Azucena Cortéz, Salvador Cruz, Hilda del Valle Figueroa, Rufino Lizárraga, Hugo Antonio Narváez, Enrique Núñez, Ana María Pérez, Ramón Patricio Rivero, Ernesto Reynaldo Saman, Johny Vargas Orozco, German Tomas Córdoba, Guillermo Genaro Díaz. También se especificó que hubo centenares de otras víctimas que no fueron incorporadas como tales a la causa, este dato permite valorar la magnitud real de los operativos.
La Dra. Lupiañez aclaró que los civiles a los que le cabe la responsabilidad de estos hechos se juzgarán en una instancia posterior, con la fe de no quedar impunes, sin embargo en esta instancia recordarlos sirve para dar cuenta de la coordinación, el poder político y económico con el que actuaron las fuerzas y por lo tanto demuestra la gran dimensión de peligrosidad del modus operandi de los imputados de este juicio, y debe ser tenido en cuenta a los fines de valorar y determinar el quantum de la pena definitiva para ellos. Estos hechos y testimonios, como así también el modus operandi están detallados en la AUD/92 (4).
El testimonio de Olga Arédez es determinante, pues, contó que Alberto Lemos, el administrador de la empresa Ledesma, reconoció que dicha empresa había puesto sus vehículos a disposición de las fuerzas armadas para “limpiar el país de indeseables”, son sus palabras. Otro testimonio es el de Domingo Alfredo Ugarte, quien contó sobre su detención en Calilegua en horas de la noche en el restaurante Grisú (en Ledesma) a una cuadra de la terminal vieja. En esta detención participaron gendarmes a bordo de las camionetas del ingenio, recordó que eran blancas y tenían el logo de la empresa.
Sobre la responsabilidad empresarial, Victoria Basualdo, habló del financiamiento y la organización de las empresas Ledesma y Aguilar en la etapa dictatorial, sus palabras fueron citadas en la AUD/92 (4).
Luego de recordar las palabras de la investigadora, la Dra. Lupiañez se refirió a los legajos laborales de lxs trabajadorxs de la empresa Ledesma que fueron secuestrados y al ser recuperados fueron analizados por el ministerio público fiscal en las AUD/91 (1ra y 2da parte) (5 y 6) y AUD/92 (4). Muchos de los legajos contaban con informes sobre las actividades gremiales y el pedido de sanciones para ellos, por este motivo la empresa tenía conocimiento efectivo de las detenciones ilegales de sus empleados durante el terrorismo de estado, por lo tanto, queda establecido que la empresa contaba con un mecanismo de espionaje e inteligencia para detectar a las personas que tenían alguna actividad sindical. Es necesario mencionar esto ya que es fundamental para entender la actividad represiva en los operativos para cometer los crímenes de manera conjunta, organizada y premeditada siguiendo un circuito represivo.
DETALLES DEL CIRCUITO REPRESIVO
Todas las víctimas luego de ser detenidas ingresaron a un circuito previamente planificado que demuestra claramente que todos los imputados que fueron traídos a este juicio conocían de antemano los hechos que iban a cometer. Este circuito consistió en el paso por los distintos centros clandestinos de detención tortura y exterminio, ubicados en la zona de Ledesma, hasta ser trasladadxs a la localidad de Guerrero donde funcionó el Centro Clandestino de Tortura y Exterminio en la provincia de Jujuy” como aseguraron las víctimas. Este lugar se encuentra señalizado como sitio de la memoria en la actualidad, señaló Lupiañez.
Otro espacio de este circuito represivo fue la sub comisaría de Calilegua en donde fueron llevadas, luego de sus detenciones, las víctimas secuestradas en esa localidad. El detalle de las mismas y sus padecimientos en los distintos centros clandestinos están detallados en las audiencias a cargo del ministerio público que citamos anteriormente. También podían ser trasladadxs a la Gendarmería y a la comisaría 24 en el predio de la empresa. Al quedar uno al lado del otro no debe extrañarnos la confusión de muchas de las víctimas al no saber con exactitud los lugares a lxs que fueron trasladadxs. También hay constancia de que entre las fuerzas se movían de la comisaría a la gendarmería y viceversa para cometer las torturas.
La Dra continuó con la descripción de los centros de detención por los que pasaban lxs detenidxs, como la seccional de la policía 11 en Libertador General San Martín y el Comando Radioeléctrico (en la ex central de policía de Jujuy) que fue destruido recientemente por el gobierno de Jujuy. Este fue uno de los lugares de detención más importantes.
Los detalles de lxs horrores que sufrieron, las torturas de las víctimas, se encuentran en las AUD/91 (1° parte) (5) y AUD/83 (7) en donde también se desarrolla el funcionamiento de los distintos centros de tortura y exterminio en la provincia de Jujuy.
No existen registros documentales de ningún tipo sobre Guerrero, para lograr la impunidad los represores eliminaron todo tipo de registro documental. Todo lo que quedó fueron los testimonios de los sobrevivientes, se pudo constatar sobradamente no sólo la existencia de este lugar como centro clandestino, sino también los modos particularmente crueles en el que funcionó. Tanto es así que las víctimas lo recuerdan como uno de los peores y más horrorosos conforme a los valiosos relatos que al día de hoy son las únicas pruebas sobre Guerrero. Ya que de esta base operacional, especialmente acondicionada para albergar allí en la máxima clandestinidad, los genocidas han destruido todo tipo de pruebas incriminatorias demostrando, una vez más, la peligrosidad de los mismos, cerró Lupiañez haciendo referencia a lo dicho por la fiscalía.
Luego de esta reflexión el alegato fue interrumpido por falta de tiempo. Así mismo, luego de la feria judicial se retomará el mismo, el día miércoles 10 de agosto a partir de las 10:30 hs con la misma modalidad. Se transmitirá en vivo por el canal de youtube del CIJ https://www.youtube.com/user/cijargentina
¡CONECTATE, ACOMPAÑANOS, LOS JUICIOS SON DE TODXS!
CITAS
1.
https://hijosjujuy.home.blog/…/aud-90-12va-jornada-de…/
2.
https://hijosjujuy.home.blog/…/aud-84-sexta-jornada-de…/
3.
https://hijosjujuy.home.blog/…/aud-88-10ma-jornada-de…/
4.
https://hijosjujuy.home.blog/…/aud-92-14-jornada-de…/
5.
https://hijosjujuy.home.blog/…/aud-91-13ra-jornada-de…/
6.
https://hijosjujuy.home.blog/…/aud-91-13ra-jornada-de…/
7.
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